1. Creemos la conveniencia de contar con la posibilidad de un servicio de asesoramiento para que, ante determinadas situaciones, las personas afectadas puedan realizar sus consultas de forma que puedan tomar las decisiones más adecuadas, en el momento más oportuno. Nos parece útil contar con equipos de intervención en situaciones críticas de aparición inesperada en la atención, cuidados y asistencia a personas en situación de dependencia.
2. Creemos también muy conveniente dar más importancia a las asociaciones de discapacitados y de personas en situación de dependencia, ya que conocen la problemática general del sector y la problemática específica de la condición particular. Por otra parte deben ser instituciones preparadas para ofrecer una información clara y concisa a los beneficiarios.
3. Es importante prestar especial atención al binomio empleo-protección a las situaciones de dependencia. Muchas personas están actualmente ejerciendo de cuidadores en la economía sumergida y sin la adecuada formación o, en su caso, sin una homologación de su capacitación. La ley abre un marco que les permitiría entrar en el mercado laboral normalizado.
4. Salvaguarda de la igualdad de género. No se puede seguir insistiendo en un modelo de reducción de la vulnerabilidad sustentado en la sobrecarga de las mujeres.
5. Pensamos que la desigual distribución de la población y de los servicios en el territorio nacional hace que no sean válidos los mismos modelos para llevar a cabo la atención en los ámbitos urbano y rural. Por ello es necesario pensar y desarrollar modelos que hagan posible que los derechos de los ciudadanos/as en situación de dependencia residentes en el ámbito rural sean efectivos, en la misma medida que en el ámbito urbano.
6. Para evitar situaciones de compartimentalización y/o falta de desarrollo adecuado de las diversas normativas, en un campo claramente pluridisciplinar e interinstitucional, con el riesgo de incrementar la vulnerabilidad que ello puede traer aparejado, parece necesario aumentar la coordinación entre instituciones y armonizar legislaciones tanto a nivel local como nacional. Es necesario alcanzar una visión compartida y enfocar la protección de la situaciones de dependencia desde un punto de vista integrador, sinérgico y estandarizado.
7. Es preciso consensuar los criterios relacionados con las nuevas tecnologías y las ayudas técnicas centradas en el usuario.
8. Fomentar la sensibilización y concienciación social en los aspectos relacionados con esta Ley, utilizando el camino de la formación educativa, que garantiza la asunción de los principios que la inspiran, por todos los ciudadanos para que las nuevas generaciones lleguen con la “lección aprendida”.
9. Uso de las TIC para el apoyo en situaciones de vulnerabilidad teniendo en cuenta la opinión de los usuarios finales en su elección.
10. Proponemos la creación de unos mecanismos de control de la calidad de los servicios ofrecidos que contemplen la participación de las instituciones estatales, autonómicas y municipales además del usuario, su familia y las asociaciones de los profesionales en la atención, cuidados y asistencia a personas en situación de dependencia.